Qué hacemos
En 2020 durante los momentos más duros de la pandemia observamos que muchas instituciones del sector público y privado debieron adaptarse aceleradamente al confinamiento obligado. La necesidad del periodo obligó a los responsables de los procesos a generar soluciones inmediatas y de emergencia.
Como empresa nacimos durante esa época. Sufrimos por los problemas y vimos y escuchamos las quejas de los ciudadanos y consumidores que requerían acceder a servicios eficientes. Por ejemplo, los tribunales del país que dependen tecnológicamente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) pudieron funcionar con mayor normalidad, pero la justicia comunal enfrentó mayores desafíos.
La pandemia terminó, pero las necesidades de una buena gestión y atención al público se mantienen.
Por eso ofrecemos servicios para apoyar la transformación digital. En primer lugar, porque permite una mayor eficiencia operativa al automatizar tareas repetitivas y optimizar los flujos de trabajo. Esto se traduce en una reducción de costos y en una mejora en la calidad de los servicios. Además, la digitalización facilita la transparencia y el acceso a la información, fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Por otro lado, la implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos permite una toma de decisiones más informada y precisa, lo que resulta en políticas públicas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de la población.
En las instituciones públicas, la Ley de Transformación Digital del Estado de Chile presenta desafíos que requieren un enfoque centrado en las personas y apoyado por la tecnología. Gracias al encuentro de ambos es posible crear un ecosistema digital que no solo mejore la eficiencia administrativa, sino que también fortalezca la confianza de los ciudadanos en las instituciones y promueva un desarrollo económico y social más inclusivo y sostenible.